Garantizar una legislación de los servicios propicia para las empresas a través del diálogo

El vínculo que existe entre una reforma de la legislación y la liberalización del comercio de servicios parece recibir cada vez más atención por parte de instituciones internacionales como el Banco Mundial, la OCDE y la OMC. Basándose en su trabajo, el ITC va a lanzar un marco de evaluación para promover una legislación de los servicios propicia para las empresas. Comprender las restricciones comerciales es especialmente importante en una economía global en la que las cadenas de suministro están fragmentadas. Por ello, la reducción de los onerosos obstáculos impuestos al comercio de servicios es una parte esencial del proceso de reformas.

El objetivo de este enfoque de diálogo público-privado (DPP) que se ha otorgado a la evaluación de la legislación es ayudar a los gobiernos de los PED a seleccionar las opciones políticas más apropiadas y que menos distorsionen el comercio. Normalmente, los servicios están regulados por las medidas nacionales. Las evaluaciones y los análisis legislativos tienen en cuenta los objetivos de las políticas subyacentes para sectores de los servicios específicos.

Además, se considera el marco de gobierno nacional para el sector en cuestión, a fin de determinar opciones políticas viables y la capacidad para una reforma institucional. La competitividad del sector de los servicios depende de factores como las instituciones nacionales, la infraestructura local o el acceso a servicios claves, entre los que podemos encontrar las telecomunicaciones, el transporte, la distribución o los servicios financieros.

Las principales partes interesadas participan de forma directa con el ITC a través de los DPP, con el fin de identificar restricciones que afecten al comercio de servicios y escoger opciones reguladoras apropiadas. Su compromiso es vital para crear concienciación sobre los posibles beneficios a largo plazo y costes a corto plazo de las directrices optimizadas. Con la participación de los actores clave, incluida la comunidad empresarial, los DPP sirven para minimizar los riesgos asociados a las deficiencias del mercado y ofrecer un foro para identificar y abordar las normativas restrictivas.

La tabla de la página siguiente le ayudará a estructurar sus debates sobre opciones políticas. A la hora de decidir qué acción es apropiada, se debe considerar el marco de gobierno específico y la capacidad de reforma del país en cuestión.

Los gobiernos crean normas para cumplir varios objetivos a la vez. En algunos casos, las restricciones al comercio de servicios se imponen para proteger la industria nacional y merecen ser revisadas. En otros, es posible que se hayan impuesto para cumplir un objetivo social ineficiente económicamente que el gobierno quiere conservar. La meta del proceso de DPP es encontrar el equilibrio apropiado que asegure que se cumpla este objetivo con una distorsión mínima del mercado.

La revaloración de los requisitos legislativos del transporte por carretera de Sudáfrica nos muestra un ejemplo de un proceso de DPP exitoso. El Gobierno, preocupado por una laguna normativa que permitía la entrada de demasiados camioneros extranjeros para trabajar en Sudáfrica, anunció en 2010 que a partir de ese momento debían disponer de permisos de trabajo. El objetivo era fomentar la contratación de camioneros del país.

No obstante, la industria de los camiones objetó, argumentando que el impacto laboral no era suficiente para justificar los costes adicionales de la medida. El Gobierno aceptó su objeción y cambió los requisitos legislativos estableciendo un límite de permanencia de los camioneros extranjeros.