Comprar alimentos 'verdes' en supermercados puede ser difícil
pues decidir entre productos con etiquetas que indican su origen
orgánico, sus calidades de comercio justo o su escasa huella de
carbono no es evidente. El reto para los productores de alimentos
que se proponen exportar a mercados internacionales puede ser aún
más exigente: a menudo la certificación es demasiado cara para los
pequeños exportadores.
Hoy en día, la competitividad internacional de los productos no
sólo depende del precio y la calidad, sino también de la seguridad
y de aspectos éticos y ambientales. Para entrar en mercados
lucrativos, no sólo es necesario que los productos cumplan con las
exigencias establecidas por los gobiernos de cada país, a menudo
basadas en normas internacionales de seguridad, sino también con
las establecidas por sistemas de etiquetas y marcas voluntarios y
privados.
Actualmente existen más de 400 sistemas privados y su número va
en aumento, según la UNCTAD. Aunque los estándares privados no
tienen fuerza de ley y se consideran "voluntarios', en realidad son
obligatorios si se quiere lograr que determinados alimentos lleguen
a las estanterías de la mayor parte de los supermercados de países
industrializados.
La proliferación de estándares privados nace de la mayor
preocupación global por el desarrollo sostenible, apoyada por la
demanda de igualdad social (ética, comercio justo, protección de
los trabajadores, salud y seguridad en el trabajo) e integridad
ambiental (ciclo vital y etiquetado verde, así como asuntos de
gestión ambiental y huella ecológica).
Aunque los estándares éticos y ambientales pueden aportar
beneficios tanto a productores como a consumidores, su número
creciente y la falta de armonización pueden suponer un impedimento
para los productores de los países en desarrollo, lo que es
contrario a los verdaderos objetivos de quienes proponen un
comercio libre y justo y a lo que quieren los consumidores.
Si obtener la certificación orgánica o de comercio justo
representa un plus para los exportadores de países en desarrollo,
cumplir con las normas mínimas de seguridad alimentaria puede
plantear problemas. En algunos casos, hay una superposición de los
requisitos sanitarios y fitosanitarios de carácter privado y
aquellos nacionales que son obligatorios; además, los requisitos de
la certificación privada pueden ser incluso más rigurosos que los
oficiales.
Formuladores de políticas, organismos de desarrollo del comercio
y ONG pueden desempeñar un papel importante para ayudar a los
productores de países en desarrollo a cumplir con las normas
oficiales y privadas:
- obrando por la armonización de las normas y la creación de
sistemas de equivalencia en los planos nacional, regional e
internacional;
- suministrando información sobre normas y apoyando a los
productores en la elección del sistema que mejor se ajuste a ellos
y sus clientes;
- ofreciendo capacitación para mejorar el proceso de producción y
cumplir con los mínimos requisitos jurídicos, en primer lugar para
entrar en mercados desarrollados y, luego, ayudar a los productores
a aplicar los consiguientes sistemas privados y obtener las
certificaciones exigidas;
- maximizando la cooperación público-privada para que el
procedimiento de certificación sea más accesible a los pequeños
productores y, allí donde proceda, desarrollando mecanismos
financieros que permitan a los exportadores financiar el
procedimiento de certificación;
- representando los intereses y las preocupaciones de los
productores en organismos normativos de carácter privado.
Este cuadro recoge algunas de las normas voluntarias y etiquetas
privadas más comunes a las que tal vez deban ceñirse los
productores para llegar a la canasta de compra de los países
desarrollados. No es exhaustivo pero indica el laberinto con que
tienen que vérselas los exportadores de países en desarrollo.
Colaboradores: Audrey
Villinger, Ludovica Ghizzoni, ITC
Véase Export Quality Management en www.intracen.org